Con el objetivo de consolidar a Coahuila como un referente de la minería responsable en México, el gobernador Manolo Jiménez Salinas sostuvo una reunión de trabajo con Pedro Rivero González, presidente de la Cámara Minera de México (Camimex), para establecer una agenda conjunta que impulse la inversión y el crecimiento social en la entidad.

Impulso a la inversión y diversificación

Durante el encuentro, en el que también participaron Karen Flores, directora de Camimex, y Luis Olivares, secretario de Economía estatal, se acordó facilitar las condiciones para atraer nuevos capitales. El mandatario estatal subrayó que el plan de acción no solo se centrará en el carbón —tradicional motor de la zona—, sino que buscará fortalecer proyectos vinculados a energías limpias y otras ramas mineras.

“Estamos trabajando en equipo para fortalecer la diversificación económica de nuestro estado. El carbón y la minería son fundamentales, pero también estamos gestionando proyectos en otras áreas mineras y de energía para impulsar las regiones Carbonífera y Desierto”, afirmó Jiménez Salinas.

Coahuila: Pilar de la minería nacional

El estado se posiciona actualmente como el octavo productor de minerales a nivel nacional, destacando por su liderazgo en la extracción de seis minerales considerados críticos para el mercado de Norteamérica:

Fluorita, barita, arena sílica, dolomita, yeso y plata.

La relevancia del sector es innegable para la estabilidad financiera de la entidad: la industria minero-metalúrgica aporta el 11% del Producto Interno Bruto (PIB) estatal y sustenta más de 235 mil empleos, los cuales ofrecen salarios superiores al promedio estatal.

Un entorno "Pro-Inversión"

Por su parte, la Camimex reconoció la disposición del Gobierno de Coahuila para garantizar un entorno de seguridad, Estado de derecho y visión de largo plazo. Estos elementos, señalaron, son clave para desarrollar una minería competitiva que genere bienestar directo para miles de familias coahuilenses.

La alianza busca que la promoción internacional y la simplificación de trámites permitan que los proyectos existentes se expandan y que nuevas obras de infraestructura minera comiencen a operar en el corto plazo, asegurando que el beneficio económico se traduzca en desarrollo social para las comunidades mineras.