La Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales (Semarnat), junto con el Comité Consultivo Nacional de Normalización de Medio Ambiente Recursos Naturales (COMARNAT), ha dado un paso decisivo en la regulación ambiental del sector minero en México.

A través de un comunicado, ambas instituciones anunciaron la aprobación de la Norma Oficial Mexicana NOM-157-SEMARNAT-2026, enfocada en el manejo responsable de los residuos generados por esta industria, con el objetivo de fortalecer la protección del entorno.

El nuevo marco normativo establece criterios específicos para la elaboración de planes de manejo, privilegiando la prevención y evaluación temprana de estos desechos.

Priorización en la gestión de residuos del sector minero

La regulación fomenta la adopción de tecnologías y métodos innovadores que sean viables desde el punto de vista técnico, económico y ambiental. Además, contempla la realización de estudios integrales para caracterizar adecuadamente los distintos usos y generar información relevante que permita anticipar daños ecológicos.

Asimismo, la NOM-157-SEMARNAT-2026 da prioridad a la separación, valorización y tratamiento de los desechos mineros, relegando la disposición final como última opción. Esto incentiva la implementación de mejores prácticas que minimicen el impacto ambiental.

Tras su aprobación, Semarnat prevé la publicación de la normativa en el Diario Oficial de la Federación, consolidando así un avance en la construcción de reglas más claras y efectivas para la industria minera.

México refuerza control ambiental sobre sector minero con nuevas reglas

El Gobierno de México endureció la regulación ecológica para el sector minero, estableciendo que ningún particular o empresa podrá obtener una concesión sin contar con el permiso de impacto ambiental correspondiente.

Esta disposición, publicada por la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales en el Diario Oficial de la Federación, exige que toda actividad minera, incluso aquellas iniciadas antes del 9 de mayo de 2023, debe presentar una Evaluación de Impacto Ambiental para operar en áreas naturales protegidas.

La reforma a la Ley Minera de 2023 cambió el esquema de concesiones, limitándolas a un solo mineral y sujetándolas a controles de agua más rigurosos. La Suprema Corte de Justicia de la Nación avaló estos cambios, obligando a los titulares de concesiones a demostrar la vigencia de sus documentos de conservación para obtener la autorización.

De esta forma, las autoridades mexicanas retoman así el control principal sobre la exploración y explotación de recursos minerales, permitiendo la intervención privada solo bajo estricta supervisión y con obligaciones claras de protección ambiental.

Las nuevas reglas también prohíben la disposición final de residuos mineros en áreas de conservación, humedales, ríos y aguas nacionales por el riesgo que representan para la salud y los ecosistemas. Además, se exige la elaboración de programas de restauración antes, durante y después de las operaciones extractivas, con la supervisión de la Conanp y otras autoridades del sector.