Minería mexicana inyecta US$4.100 millones al fisco, es quinta fuente de divisas
La minería mexicana aportó 78.135,9 millones de pesos (US$4.072 millones) al fisco en 2025, un incremento interanual de 72,3% impulsado por los altos precios internacionales del oro y la plata, según el Informe Anual 2026 de la Cámara Minera de México (Camimex), lo que reforzó la contribución fiscal del sector pese a un nuevo retroceso de la actividad productiva.
Camimex explicó que el repunte de las aportaciones fiscales obedeció principalmente al alza de las cotizaciones de los metales preciosos durante 2025, más que a un incremento de la producción minera.
El Impuesto Sobre la Renta (ISR) representó la mayor parte de la recaudación, con 63.949 millones de pesos (US$3.332 millones), un aumento de 76,2% frente a 2024. A ello se sumaron 3.030 millones de pesos (US$158 millones) por derechos superficiales (+6,7%) y 11.156,9 millones de pesos (US$581 millones) por nuevos derechos mineros, el rubro con mayor crecimiento relativo: 79,2%, según cifras de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP) citadas por Camimex.
El informe también muestra una mejora en el desempeño comercial del sector. Las exportaciones minero-metalúrgicas ascendieron a US$30.642,2 millones en 2025, un crecimiento de 19,8%, mientras que las importaciones disminuyeron 11,5%, hasta US$16.894,6 millones. Como resultado, el superávit comercial alcanzó US$13.747,6 millones, impulsado principalmente por las ventas de minerales metálicos.
Con estos resultados, la minería volvió a ubicarse entre las cinco principales fuentes generadoras de divisas de México, solo por detrás de las industrias automotriz y eléctrica-electrónica, las remesas y el turismo. El sector superó nuevamente al petróleo, que generó US$21.246 millones, y a las exportaciones agropecuarias, con US$20.969 millones.
No obstante, los resultados financieros contrastaron con el desempeño operativo de la industria. El producto interno bruto (PIB) minero-metalúrgico cayó 3,2% en 2025, su tercer descenso anual consecutivo, mientras que el empleo formal disminuyó 4% hasta 400.057 trabajadores.
Para Camimex, estas cifras reflejan una debilidad estructural del sector. Aunque variables como el valor de la producción, las exportaciones y la recaudación fiscal mostraron un comportamiento positivo, dichos resultados respondieron principalmente al incremento de los precios internacionales de los metales. En contraste, las remuneraciones del sector permanecieron 28,5% por encima del promedio nacional.
El gremio advirtió que la minería mexicana "sigue enfrentando retos importantes que requieren atención prioritaria", entre ellos "la caída de la inversión en exploración, la disminución de proyectos activos, los desafíos en materia de seguridad, y las dificultades derivadas de un entorno regulatorio complejo". El organismo agregó que será necesario "generar condiciones propicias para la inversión, estimular el desarrollo de nuevos proyectos y modernizar el marco normativo que rige la actividad minera".
Este diagnóstico coincide con reportes previos de BNamericas que identificaban como proyectos críticos a El Arco, San Nicolás, Camino Rojo y Cordero. Sin embargo, durante 2026 Camino Rojo y Cordero obtuvieron sus autorizaciones ambientales, lo que permitió destrabar dos de las mayores inversiones mineras pendientes del país. El foco de la incertidumbre regulatoria se concentra ahora principalmente en proyectos como El Arco y San Nicolás, entre otros desarrollos que continúan a la espera de permisos, y en el marco legal minero.
Analistas advierten que el principal obstáculo para la inversión en México es la incertidumbre jurídica. Por su parte, autoridades federales sostienen que la mayor parte de los permisos pendientes se ha resuelto, con un avance de 84% hasta junio.
Camimex mantiene una perspectiva favorable para el mediano plazo: si mejoran las condiciones regulatorias, la minería responsable podría captar más de US$43.000 millones hacia 2030 —cerca de US$14.000 millones en el corto plazo— y generar hasta 500.000 nuevos empleos. El reto será convertir el buen entorno de precios en más producción, inversión y empleo, más allá de la recaudación fiscal.