Los actores de la industria advirtieron que la prohibición de la minería a cielo abierto tendría consecuencias graves para el sector y la economía de México y llamaron a los legisladores a reconsiderar la propuesta presidencial y privilegiar la búsqueda de acuerdos.

El presidente Andrés Manuel López Obrador dio la semana pasada un nuevo paso en su lucha contra de la minería a cielo abierto al presentar al Congreso una propuesta de reforma constitucional que prohibiría esta actividad y daría prioridad el uso doméstico del agua.

Durante la presentación de su quinto informe de gobierno en septiembre de 2023, AMLO, cuyo período finaliza el 1 de octubre de este año, manifestó que su administración “ha puesto la salud del pueblo por encima del mercantilismo. No hemos permitido la importación del maíz transgénico ni la explotación energética mediante el fracking. No hemos otorgado ninguna concesión para explotar minas a cielo abierto y cuidamos como nunca el medioambiente”.

Desde que comenzó el mandato de AMLO en 2018, prácticamente no se han otorgado nuevas concesiones mineras y se han introducido dos reformas legislativas que amplían el poder del Estado sobre el sector minero. Mientras tanto, se han congelado varios procesos a la espera de reglamentación. La exploración se ha visto particularmente afectada, pues desde mayo pasó a ser una actividad exclusiva del Servicio Geológico Mexicano (SGM).

“La iniciativa de prohibir la minería a tajo abierto es desafortunada y genera un impacto reputacional para el sector. Lo es, porque la reforma se asocia a la protección del medioambiente, implicando, sin fundamento sólido, que la minería no es compatible con su cuidado y con una operación ambientalmente sustentable”, dijo a BNamericas el presidente del comité de minería de la Cámara de Comercio de Canadá (CanCham) en México, Armando Ortega.

La minería a cielo abierto contribuye con un 59% del valor de la producción minera nacional, según CanCham y la Asociación de Ingenieros de Minas, Metalurgistas y Geólogos de México (AIMMGM) del distrito de Sonora. La Secretaría de Economía registra un total de 264 minas a cielo abierto, en su mayor parte en Sonora, Zacatecas, San Luis Potosí y Chihuahua.

“La minería a cielo abierto responde a un proceso de aprovechamiento de minerales de baja ley y es intensiva en el requerimiento de capital y en la necesidad de mover grandes cantidades de material para obtener los minerales que se buscan”, explicó Ortega

Su prohibición “enviaría el mensaje de que México solo apoya una inversión limitada en el sector minero, la relacionada con la minería subterránea, una política pública difícil de comprender para un país con la riqueza mineral del nuestro”, agregó.

En un comunicado, la AIMMGM señala que si se materializa la prohibición, “tendrá consecuencias muy negativas para el desarrollo económico del país”.

La asociación destacó que “la minería a cielo abierto ha sido históricamente una fuente significativa de ingresos, empleo y bienestar en las comunidades donde se desarrolla […], generando crecimiento y estabilidad económica con registros de más de 2 millones de empleos directos e indirectos, más una aportación de 150.000 millones de pesos en impuestos federales”.

“A diferencia de otras actividades, las áreas minadas son susceptibles de recuperación total una vez terminado el proceso extractivo”, indicó la AIMMGM.

“Entendemos la importancia de abordar las preocupaciones ambientales asociadas con esta práctica. Por ello, de manera anual se invierten cerca de 6.000 millones de pesos en buenas prácticas ambientales”, agregó la asociación en un comunicado.

El ingeniero geólogo Armando Alatorre dijo a BNamericas que prohibir la minería a cielo abierto elevaría los costos. “En el mediano y largo plazo va a haber menor abasto de ciertos minerales y a un mayor costo. Y ese costo, ¿quién lo va a pagar? Tú, yo, Juan, Pedro. Si desaparecen los tajos a cielo abierto y todo se vuelve a minería subterránea, va a haber menos producción. Esa producción va a ser más cara”, explicó.

LEGISLADORES

La AIMMGM Sonora solicitó a los legisladores “reconsiderar esta iniciativa y buscar soluciones que equilibren la protección del medioambiente con el desarrollo económico, salvaguardando los intereses de las comunidades y garantizando la viabilidad a largo plazo de la industria minera en México”.

Raúl García Reimbert, presidente del Colegio de Ingenieros de Minas, Metalurgistas y Geólogos de México (CIMMGM), dijo a BNamericas que los siguientes pasos del Poder Legislativo serán cruciales.

“Hay que estar informando, hay que estar haciendo labor de información hacia los señores y señoras legisladoras para que tengan la información completa de cómo sí somos responsables en el consumo del agua, porque consumimos poca, de que la minería es un factor de bienestar para México”, manifestó.

Ortega, de CanCham, recalcó que “así la reforma propuesta no prospere, como es de esperarse, la sola publicación de dicho objetivo de prohibición de la minería de tajo abierto manda una señal equivocada, ideologizante y sin sustento técnico para el aprovechamiento de yacimientos que, sin este método productivo, no se podrían explorar y explotar”.

Si bien AMLO no tiene la mayoría requerida en el Congreso para aprobar las reformas, espera conseguirla en las elecciones presidenciales y legislativas del 2 de junio. Los nuevos legisladores tomarán posesión de sus escaños en agosto.